El monto propuesto contraviene la Ley 28212, que regula los ingresos de los Altos funcionarios Autoridades del Estado. Si bien el artículo 4 de dicha norma reconoce que “el presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación”, en este mismo apartado se establece que su sueldo “no será mayor a 10 URSP (Unidad Remunerativa del Sector Público).
Pues bien, para este 2025, la URSP asciende a 2.600 soles, según se estableció el propio Gobierno de Dina Boluarte a través del decreto supremo 087-2024-PCM. Así las cosas, si según la Ley 28212 la remuneración del presidente de la República no puede superar las 10 URSP, el monto máximo que el jefe de Estado puede percibir es de 26.000 soles.
El informe del Ministerio de Economía y Finanzas que propone fijar el sueldo de Dina Boluarte en 35,568 soles, revelado por Panorama y al que accedió Infobae, pasa por alto el tope fijado en la Ley 28212. El texto sí menciona la norma, pero solo se hace referencia a la primera parte del artículo 2, donde se decreta que “el Presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación”.
En ninguna parte del informe de 21 páginas se aborda que, si bien la ley que ubica al jefe de Estado como la autoridad mejor pagada, la misma ley determina el monto máximo que puede ganar este alto funcionario. Según informó Panorama, el informe fue solicitado directamente por el premier Gustavo Adrianzén, quien encargó al MEF la elaboración de un análisis técnico que justificara el aumento.
El informe argumenta que el cálculo del nuevo salario no responde a criterios arbitrarios, sino a fórmulas técnicas que consideran tanto los sueldos nacionales como comparaciones internacionales. El principal argumento presentado por la Presidencia para respaldar el incremento es que la mandataria percibe actualmente un salario inferior al de varios de sus ministros y al de la mayoría de los presidentes de América Latina. Este hecho, según el informe del MEF, justificaría la necesidad de ajustar la remuneración presidencial para equipararla con estándares regionales.
Aunque el aumento aún no se ha hecho efectivo, su sola tramitación ha generado un intenso debate público. La percepción de que la mandataria prioriza su salario en un momento de crisis ha sido motivo de rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad. La decisión final sobre el incremento salarial está ahora en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros, que deberá evaluar el impacto político y social de aprobar esta medida.
